El aporte al debate de las comisiones de expertos

TOMÁS FLORES

En el año 2006, la Presidenta Michelle Bachelet convocó a una comisión de expertos sobre materias previsionales para realizar una evaluación del sistema chileno y plantear posibles reformas. Dicha comisión, comandada por Mario Marcel, entregó su informe luego de 110 días de trabajo, realizando 14 propuestas concretas. En 2015, durante su segundo mandato, la Presidenta llamó a una nueva comisión, liderada por David Bravo, la que en septiembre de dicho año entregó 11 propuestas de mejora al sistema previsional. Por último, durante este año, se creó una nueva comisión de expertos para realizar propuestas al proyecto de ley actualmente en segundo tramite constitucional en la comisión de Trabajo del Senado.

Esta última recomendó, entre otras cosas, no separar la industria, debido a que no encontraron evidencia de economías de escala en el componente de administración de las cuentas en las AFP. Asimismo, al equipo experto le preocupó que esta gestión quedase radicada finalmente en un monopolio estatal.

“La ministra Jara puede, por cierto, definir el camino para su proyecto de ley, pero expresando simultáneamente que ello está determinado por una visión ideológica sobre el sistema previsional. Visión que, a su vez, no tiene ningún amparo técnico”.

Al respecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha señalado que sin perjuicio de lo que puedan opinar los expertos, el Gobierno insistirá en la división de la industria para mejorar la gestión de inversiones y con ello la rentabilidad.

Ante esta situación es prudente consignar la recomendación que hacen las comisiones técnicas y la decisión que, finalmente, pueda tomar el Ejecutivo. En este caso tenemos dos comisiones presidenciales y un panel de expertos que no han encontrado evidencia de que un operador monopólico estatal pueda operar con una ventaja sustancial con respecto a lo observado empíricamente, sin perjuicio de que es posible incorporar nuevos actores a la industria, tal como lo planteaba el proyecto de ley del exPresidente Sebastián Piñera.

Incluso, en el proyecto de Bachelet, el exministro Rodrigo Valdés planteó el modelo canadiense, el cual, al analizarse en detalle, mostró que no operaba a un costo sustancialmente más bajo que el sistema chileno y que su rentabilidad tampoco era radicalmente más alta.

En el caso actual, la ministra Jara ha anunciado que insistirá con la separación de la industria, lo que implica el fin de las AFP, a pesar de que los técnicos no apoyan dicha medida. Por cierto, la secretaria de Estado puede definir el camino a recorrer para su proyecto de ley, pero expresando simultáneamente que ello está determinado por una visión ideológica sobre el sistema previsional. Visión que, a su vez, no tiene ningún amparo técnico.

De esta manera, es sustancialmente difícil para los senadores de la comisión de Trabajo del Senado votar a favor de la idea de legislar, existiendo incertidumbre sobre las indicaciones que el Ejecutivo presentaría a continuación, sobre temas tan relevantes como el porcentaje de la cotización adicional que se iría a un fondo común; y, por otro lado, certezas sobre un tema que generan tantas diferencias como lo es la división de la industria.

En conclusión, las comisiones de expertos son sustancialmente útiles para el debate parlamentario, ya que determinan las trayectorias dinámicas de las propuestas planteadas y su sustentabilidad a lo largo del tiempo. Así, el Ejecutivo puede decidir que reformas son sostenibles y cuales no, logrando finalmente los votos necesarios.